En un paso sin precedentes hacia la modernización y sostenibilidad de su matriz energética, Panamá anunció oficialmente el lanzamiento de su primer Cronograma Anual de Licitaciones del Sector Eléctrico, que contempla cinco convocatorias entre 2025 y 2028. Este programa busca incorporar más de 2.700 megavatios (MW) entre nueva capacidad instalada y energía firme, con una inversión proyectada de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.
El anuncio fue realizado el lunes 21 de julio por la Secretaría Nacional de Energía (SNE), en conjunto con autoridades del Gobierno Nacional, marcando un cambio estructural en la forma en que se planifican y ejecutan las subastas eléctricas del país.
Antecedentes recientes: de procesos aislados a planificación integral
Este cronograma surge tras una serie de experiencias contrastantes en los últimos años. En diciembre de 2024, la LPI ETESA 01-24 permitió la contratación de energía y potencia a corto plazo con contratos de cinco años, adjudicados exitosamente con el objetivo de estabilizar los precios en el mercado eléctrico entre 2025 y 2030.
Sin embargo, en octubre de 2024, la LPI ETESA 02-24, orientada a contratar energía renovable de largo plazo, fue cancelada antes de concluir, debido a dificultades técnicas y condiciones de mercado poco claras. Ese intento frustrado evidenció la necesidad de adoptar un enfoque más estructurado y transparente para atraer inversiones sostenibles.
El nuevo cronograma 2025ÔÇô2028 responde directamente a esa situación, al establecer un plan previsible con fechas definidas, segmentación tecnológica y criterios de adjudicación anticipados.
Una planificación ordenada y previsible
El nuevo cronograma establece con antelación las fechas, volúmenes y condiciones de las futuras licitaciones, ofreciendo mayor previsibilidad y transparencia a los agentes del mercado eléctrico e inversionistas nacionales e internacionales.
El Secretario de Energía, Juan Manuel Urriola, destacó que este esquema permitirá “una planificación racional del crecimiento del sistema, con participación diversa de tecnologías y agentes”. A su vez, el presidente José Raúl Mulino subrayó que el cronograma contribuirá a precios más competitivos para los usuarios y fortalecerá la seguridad energética del país.
Las cinco licitaciones: tecnologías, fechas y metas
El cronograma presentado abarca cinco procesos públicos que se desarrollarán entre octubre de 2025 y octubre de 2027, con fechas de inicio de suministro programadas entre 2027 y 2031, aunque algunas fuentes proyectan entregas hasta 2033.
Cada convocatoria tiene un enfoque tecnológico específico, lo cual evita la saturación de segmentos particulares y fomenta una matriz equilibrada y diversificada.
Total acumulado: 1.420 MWEq de energía firme y 1.335 MW de nueva capacidad instalada, según datos de la Secretaría de Energía.
Impacto económico y ambiental
El plan busca asegurar el suministro de energía a mediano y largo plazo, promoviendo la entrada de tecnologías limpias y la reconversión de centrales térmicas contaminantes. Este componente resulta clave: el país planea reemplazar plantas a base de búnker con instalaciones alimentadas por combustibles menos emisores, como gas natural o biocombustibles.
También se espera una significativa reducción en los precios de potencia pactados en contratos de suministro: desde valores históricos cercanos a los $38 por kW-mes, se proyectan nuevas tarifas entre $15 y $19 por kW-mes, lo cual podría reflejarse en menores tarifas eléctricas para el consumidor final.
Próximos pasos y acceso a la información
El cronograma estará respaldado por una resolución oficial, la cual aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial ni en el portal institucional de la SNE. Se espera que los documentos oficiales estén disponibles para consulta pública en los próximos días.
La ejecución de las licitaciones será supervisada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), bajo lineamientos técnicos, financieros y regulatorios consistentes.
Un precedente para la región
Con este cronograma, Panamá se convierte en uno de los primeros países de Centroamérica en establecer un modelo anual formalizado de subastas eléctricas. Este enfoque sigue ejemplos similares en Brasil, Colombia y Chile, consolidando a Panamá como un referente regional en planificación energética moderna y como posible hub de inversión para proyectos sostenibles a largo plazo.
¿Es suficiente lo anunciado? Un análisis crítico
Aunque el cronograma ha sido bien recibido por el sector, persisten interrogantes legítimas sobre su suficiencia y capacidad transformadora.
Expertos internacionales destacan que para evitar fracasos como licitaciones canceladas o proyectos que nunca se construyen, es esencial que los procesos incluyan filtros técnicos exigentes, garantías reales de ejecución, y condiciones claras de acceso a red y financiamiento.
El cronograma panameño introduce importantes mejoras:
- Establece fechas y metas concretas con anticipación, lo que mejora la planificación.
- Distingue claramente entre tecnologías para evitar competencia desbalanceada.
- Considera la inclusión de almacenamiento y contratos de largo plazo, lo que ofrece señales positivas al mercado.
Sin embargo, el volumen anunciado —1.335 MW de nueva capacidad— representa solo una fracción del potencial renovable del país. Y aún no están disponibles los pliegos técnicos oficiales, por lo que no se puede verificar si las condiciones contractuales garantizarán ejecución real.
Adicionalmente, el esquema parece centrado en grandes centrales; queda pendiente un impulso más fuerte a la generación distribuida, los sistemas híbridos rurales y las comunidades energéticas, claves para una transición inclusiva y resiliente.
El cronograma representa una gran oportunidad estructural para Panamá: puede atraer inversiones, reducir tarifas y alinear la política energética con los compromisos de sostenibilidad. Pero su éxito dependerá de la ejecución efectiva, la calidad de los procesos licitatorios y la capacidad de integrar nuevas demandas del sector, como flexibilidad, almacenamiento y generación local.
Más allá del anuncio, el desafío está en la implementación transparente, técnica y ambiciosa. Si logra cumplirse como fue diseñado, el país podría dar un paso real hacia una matriz energética más limpia, confiable y justa.